La Cumbre Social Aragonesa denuncia los graves recortes en materia de Servicios Sociales y en especial del Servicio de Menores que ha realizado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Considera irresponsable la trayectoria actual del Gobierno de Aragón y del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia que plantea recortes y una absoluta precarización en la atención a colectivos sociales tan vulnerables y con escasa o nula posibilidad de respuesta social, como son los de menores en riesgo, dificultad y conflicto social, mujeres maltratadas y sus hijos, drogodependientes en proceso de rehabilitación y chabolistas, dejando a su suerte a personas y familias de alto riesgo sin finalizar su proceso educativo y de reinserción social.

El IASS recorta el 26% de la plantilla de Educadores Sociales del Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) de Zaragoza y el 50% del mismo equipo en la provincia de Huesca sin datos que justifiquen descensos en la carga de trabajo; se elimina prácticamente el Programa de Erradicación del Chabolismo desarrollado junto al Ayuntamiento de Zaragoza, que pasa de tener nueve profesionales a tan sólo dos; se presiona a las entidades que gestionan los Centros de protección y reforma de menores para la precarización de las plantillas, eliminando la figura del Educador o Educadora Social y sustituyéndola por la de “auxiliar”. Esto mismo ya ha sucedido con los pisos para mujeres maltratadas de Huesca, donde se ha sustituído a todas las Educadoras Sociales, excepto a una, y se ha contratado “monitoras” en su lugar para atender a estas personas tan vulnerables y a los hijos que las acompañan, que también han sido víctimas directa o indirectamente del maltrato. En cuanto a la Comunidad Terapéutica de El Frago, dependiente del mismo Departamento, ha salido a concurso, desapareciendo así el único Centro Público de atención a drogodependientes de nuestra Comunidad después de 26 años de funcionamiento. A lo largo de su dilatada historia este Centro ha atendido a más de 1200 pacientes de forma directa y paralelamente con sus familiares se ha mantenido un intenso programa socioeducativo, como parte fundamental en el proceso de rehabilitación.

La cumbre social denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de la LEY 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. BOA del 20 de julio de 200, que recoge que el contenido esencial de los derechos de los menores no podrá verse afectado por falta de recursos básicos.

logo_marea_naranja

 

Anuncios