¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTAMOS? Argumentos para defender nuestra dignidad como ciudadanos

¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTAMOS?
Argumentos para defender nuestra dignidad como ciudadanos

La crisis económica empezó hace cinco años, y aunque las causas originarias tuvieron sus efectos (la virulencia del seísmo financiero que se inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y la quiebra de nuestro modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria) el empobrecimiento al que estamos sometidos y la erosión de nuestro Estado de bienestar obedece a otras razones, que son las erróneas políticas aplicadas desde entonces, subordinando todo -menos el apoyo al sistema bancario- al ajuste drástico del déficit.

Las políticas que sufrimos se deciden, en gran medida, en Europa, han dejado más de 24 millones de personas en el paro. En España los efectos las políticas basadas en la reducción del déficit y de la reforma laboral han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa.

Los resultados de la reforma laboral impuesta por el Gobierno en el mes de febrero de 2012, han quitado la razón al Gobierno y ha venido a demostrar que esta reforma no sirve para crear empleo, sólo para empeorar las condiciones de trabajo. En los seis primeros meses de aplicación de la reforma (y en comparación con el mismo periodo del año 2011) el balance es demoledor:

    • Cae la contratación un 4,4%
    • Cae el número de ocupados un 4,8% respecto al año anterior (EPA 2º trimestre)
    • Aumentan los desempleados en un 17,8% (EPA 2º trimestre)
    • El paro registrado en agosto de 2012 aumenta un 12% frente a agosto de 2011
    • Caen los contratos indefinidos totales (conversiones e indefinidos) en un 5,8%
    • La proporción de contratos indefinidos sobre el total de contratos alcanza la cifra más baja en agosto de 2012: 6%
    • Los nuevos contratos de emprendedores son sólo un 0,7% del total de contratos firmados, y suponen el 9,5% del total de contratos indefinidos
    • El número de expedientes de regulación de empleo se incrementó en junio en un 88% frente al año anterior.

Íntimamente ligada a al situación laboral cabe reseñar la situación del acceso a la vivienda que, claramente incumple el mandato recogido en el art. 47 de la C.E. que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes deben públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

La burbuja inmobiliaria, de carácter especulativo, generó un incremento anormal de los precios de la vivienda, muy por encima del IPC, lo que unido a un crédito fácil, ha endeudado hasta límites muy peligrosos a las unidades familiares y ha generado situaciones que, en muchas ocasiones, concluyen con la pérdida de la vivienda -más de 400.000 desahucios desde 2008, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca- y el mantenimiento de una deuda viva con la entidad financiera que facilitó la hipoteca.

Que el derecho a la vivienda no es contemplado como un derecho subjetivo de ciudadanía sino como principio declarativo constitucional unido a cuestiones como la consideración de la vivienda como un valor refugio para la inversión, los precios inabordables para la ciudadanía, el escaso peso de la vivienda protegida respecto al mercado libre, el porcentaje testimonial de construcción de vivienda de promoción pública, el estrangulamiento del crédito hipotecario, las ayudas de carácter testimonial que son incapaces de incentivar la rehabilitación, la pervivencia de bolsas de infravivienda, las insuficientes iniciativas de alquiler social, las familias en la calle por desahucios y ejecuciones hipotecarias,… han generado una situación de la vivienda inasumible para la mayoría de los ciudadanos.

En estos momentos ni el mercado libre ni la VP garantizan la satisfacción del derecho a la vivienda de un amplio segmento de ciudadano. Se debe intervenir de una manera efectiva y suficiente para garantizar el derecho de acceso a la vivienda a toda la ciudadanía, independientemente de su capacidad económica.

Urge la introducción de cambios en la normativa hipotecaria, concursal y procesal de forma que facilite la conservación de la vivienda o la anulación de la deuda hipotecaria a través de la dación en pago pero, mientras esto se produce, se debe agilizar con la máxima urgencia los mecanismos necesarios para paralizar el preocupante y creciente número de ejecuciones y embargos hipotecarios que dejan a un elevado número de familias en la calle.

Paralelamente a la progresiva eliminación de los derechos laborales se está procediendo a modificaciones normativas en el marco de los derechos sociales, que no tienen precedente. Ejemplos en esta dirección son la aprobación del Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril en el ámbito educativo, el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril en materia sanitaria, y el RDL de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que lejos de hacer ninguna de las dos cosas que expone en su título, conforma una nueva batería de medidas de recorte de derechos laborales y sociales y de reducción de las partidas dedicadas a la protección social.

La actuación del Gobierno mediante recortes en los servicios públicos básicos está creando una situación de emergencia social en nuestro país, con un deterioro de los mismos y un empeoramiento muy significativo de la calidad de vida de los sectores con pocos recursos económicos, que en este momento son la gran mayoría de la población.

Esta agresión a los servicios públicos conlleva, además, un deterioro del carácter social de nuestro sistema democrático y un incremento de las desigualdades sociales que pueden tener muy graves repercusiones en el medio plazo.

España es el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo, el gasto sanitario español es de los más bajos de la Europa desarrollada. Se está desmantelando el escaso sistema de bienestar social hasta ahora vigente y, en la sanidad, el recorte en los servicios sanitarios públicos puede ser muy perjudicial para los niveles de salud de la población, agravando una situación en la que es de esperar un aumento de la carga de enfermedad.

El RD Ley 16/2012 que supone el inicio de la Contrarreforma sanitaria, con exclusión de grupos de personas de la cobertura pública, establecimiento de copagos generalizados y la ruptura del modelo de universalización establecido en la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública, con lo que se pretende retrotraernos a un modelo de seguros, que como se ha demostrado en todos los países del mundo es mas inequitativo, fomenta las desigualdades, deja a grupos de población sin cobertura y además es mucho más caro, con lo que queda en evidencia la supuesta excusa de la búsqueda de la eficiencia.

Todo ello se produce en un contexto en el que se incrementan las privatizaciones de la provisión de los servicios sanitarios, a pesar de la evidencia contrastada en España y en los demás países donde se ha puesto en práctica, de que incrementa notablemente los costes y empeora la calidad de las prestaciones.

El ejemplo de las privatizaciones, y también el de los recortes, escenifica una política que esta pensada no para conseguir ahorros, sino sobre todo para que estos ahorros recaigan sobre los sectores de la población con menos recursos y menos capacidad para defenderse (enfermos, discapacitados, etc.),  dejando sin control, e incluso favoreciendo los escandalosos beneficios de unos pocos.

En educación y, en particular, la educación pública está atravesando los peores momentos de las últimas décadas. Y no es achacable a la crisis económica que nos atenaza, sino que ésta es la excusa que, el PP en Madrid, y en Aragón la coalición PP/PAR, están utilizando para implantar un modelo social elitista y segregador donde los derechos dejan de serlo para convertirse en privilegio de quien pueda pagarlos, generando una sociedad desigual. Cuando nuestro horizonte debía mirar a países con mejores sistemas educativos que el nuestro, donde  la inversión, la formación del profesorado, los servicios a las familias y el valor que se otorga a la educación son claves de su éxito, nosotros, por el contrario aplicamos recortes sin  miramiento, desmantelamos la escuela pública, que es la única garante de un territorio cohesionado, y encarecemos todos los servicios educativos, generando desigualdades sociales que no puede permitirse una sociedad moderna del siglo XXI.

Los profesores se encuentran con más alumnos por aula, con menos compañeros por centro, más trabajo, menos formación y menos retribución. En Aragón han desaparecido 1.100 puestos de trabajo docente y se producen bajas que no se cubren, lo que dificulta la posibilidad de realizar desdobles  y apoyos, tan importantes en la atención al alumnado más necesitado, que es el gran damnificado de esta política educativa. Se ha triplicado el número de maestros desplazados,  muchos tienen que impartir materias que no son de su especialidad y su formación permanente es casi inexistente por la desaparición de los CPRs, lo que merma considerablemente la calidad educativa.

Los alumnos se encuentran con más exigencias, menos apoyos y menos posibilidades de éxito. Se han incrementado las ratios, especialmente en Bachillerato,  lo que dificulta la convivencia y que puedan recibir una atención personalizada. Hay una peor distribución del alumnado en general entre centros y zonas y del que tiene dificultades de aprendizaje en particular. Han desaparecido programas como Escuela 2.O (nuevas tecnologías), PROA (de refuerzos), Programa de Gratuidad de Libros de Texto (cuando las familias más lo necesitaban), Invitación a la Lectura, Agenda Escolar, Abierto en Vacaciones y sobre el Bilingüismo se cierne un oscuro futuro; todo ello está empobreciendo la formación que los alumnos reciben en las aulas.

Las familias, demasiado empobrecidas y agobiadas por el azote del desempleo, tienen más dificultades,  menos servicios y más caros. Se ha apostado por una política de becas que ha dejado a más de 22.000 alumnos con derecho reconocido a beca de material curricular, pero sin la ayuda y a casi 11.000 alumnos en las mismas circunstancias con el comedor. Al tema de las ayudas de comedor hay que añadir que la concesión de medias becas ha obligado a muchas familias a renunciar a ellas por no poder asumir el coste de la otra mitad, generando problemas en muchas familias con serias dificultades para dar una comida digna a sus hijos. Además, el incremento del 25% del precio del comedor a todos los alumnos de la escuela pública ha supuesto una pérdida de comensales importantes, con el cierre de comedores, especialmente en el medio rural y la pérdida de puestos de trabajo en las monitoras.

Los centros están haciendo frente a sus gastos con menos recursos, que además llegan con retraso generando que  en muchos casos, éstos tengan que recurrir a las familias para asumir el coste de materiales básicos. Además falta planificación en las nuevas necesidades de construcción, especialmente en las zonas de expansión de las ciudades, atención en el mantenimiento de los centros y peligro de cierre de  Escuelas Infantiles, especialmente en los pueblos, con el grave impacto que para la vertebración del territorio y la igualdad de oportunidades esto tendrá.

Por si el panorama descrito hasta ahora no era suficientemente desolador, se nos anuncia a nivel nacional una reforma educativa bajo la falsa denominación de “mejora de la calidad educativa”:

  • Una Ley que es antidemocrática en su gestación, pues no ha contado con la participación de la comunidad educativa;
  • es elitista en su ideología primando el beneficio de sectores minoritarios sobre la mejora del conjunto del alumnado;
  • olvida el papel integrador de la escuela, como compensadora de desigualdades;
  • segrega  al alumnado que más dificultades tiene, especializa y clasifica a los centros en función de los resultados académicos de sus alumnos,
  • no tiene reparos en  subvencionar centros con educación diferenciada por sexo;
  • se olvida de la gestión democrática de los centros al convertir a los consejos escolares en órganos meramente consultivos  y al otorgar poderes absolutos a los directores, a quienes designará la propia administración;
  • carga de exámenes a los alumnos en evaluaciones constantes a lo largo de toda la etapa obligatoria y que liga la obtención de los títulos de ESO y Bachillerato a la superación de reválidas que nos retrotraen décadas en el tiempo;
  • quiere avanzar en la Formación Profesional pero, además de no flexibilizar el paso entre las distintas etapas, anuncia una formación dual sin desarrollo alguno;
  • elimina materias y contenidos en valores que contribuyen a la formación de ciudadanos críticos;
  • se olvida de la financiación que toda Ley requiere para poder desarrollarse.

La Nueva Ley de Reforma Educativa planteada por el Gobierno supone la exclusión de los alumnos con menor garantía de éxito escolar, fomentando así su absentismo y desigualdad social.  Teniendo en cuenta que los recortes económicos afectan a todos los servicios que tratan de procurar mejoras en la calidad de vida, los programas de absentismo escolar se ven mermados por esos recortes, lo que significa añadir precariedad al marco de atención educativa de nuestros menores.

Supone, además, la séptima reforma educativa en el periodo democrático, sin consenso, lo que esto genera de inestabilidad.

La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, fomentando así su sociabilidad y circulación social, y su promoción cultural con ampliación de perspectivas educativas, laborales o participativas, supondrá una quimera inalcanzable si se suprimen o merman considerablemente los servicios y/o recursos destinados a ello (Centros Municipales de Tiempo Libre, Aulas de adultos, Centros Cívicos, Casas de Juventud, Proyecto de Integración de Espacios Escolares, Centros Sociolaborales y un largo etcétera).

Se concibe la Educación Social como una prestación educativa, al servicio del cumplimento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho: Igualdad de todos los ciudadanos, máximas cuotas de justicia social y el pleno desarrollo de la conciencia democrática.  Los tiempos políticos y sociales en los que nos vemos inmersos imposibilitan esos principios y prestaciones que hasta hace poco se venían construyendo dentro de un Estado de Derecho que pretendía dar respuesta y cobertura suficientes a cualquiera de las personas que pudiesen necesitarlas.  Reivindicamos la Educación como un derecho de la ciudadanía sin fronteras, no excluyente, adaptando su respuesta a la diversidad y generando sujetos que desarrollen el pensamiento crítico.

En el ámbito cultural, además de recortes brutales de todas las administraciones, de la paralización real de la nueva Ley de Patrocinio y Mecenazgo, la subida del IVA para la cultura está teniendo efectos demoledores para el sector.  Lamentamos que España sea ahora el único Estado de la zona euro que finalmente no tenga ese IVA reducido para la cultura.

La Supresión del Bachillerato de Enseñanzas Artísticas es otro retroceso injustificable. El anteproyecto de Ley de Reforma Educativa presentado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, suprime una de las dos vías incluidas hasta ahora en la modalidad de artes dentro del bachillerato y la que queda está planteada con criterios del siglo XIX.

No se debe olvidar que  el RDL de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, recoge así mismo, entre otros, recortes en las prestaciones por desempleo, en la dependencia (es decir, para quienes se encuentran en situación más desfavorecida), recorte de derechos laborales y salariales a los empleados públicos y a los trabajadores de sector público empresarial, o demagógicos recortes en las estructuras de las administraciones públicas.

En dicho RDL, el gobierno aprueba unilateralmente una regresiva Reforma del Sistema de Atención a la Dependencia, que anula  sustancialmente el alcance del derecho de atención a la dependencia establecido en la Ley estatal y rompe el espíritu de consenso  que obtuvo en su día.

En materia de cooperación, se ha producido un desmantelamiento de la política pública (a la brutal reducción de fondos por parte de muchas administraciones, se une la supresión de los programas de cooperación por parte de otras muchas, rompiendo los compromisos adquiridos de llegar al 0,7%). Lo que nos encontramos es que gana fuerza en la Acción Exterior de España el apoyo a la internacionalización de las empresas y las misiones militares frente a la cooperación. Por ello, es básico avanzar en la armonización de normativas, procedimientos e instrumentos, así como en su adecuación a la realidad de la cooperación al desarrollo. Es necesario que se fijen unas coordenadas de referencia comunes en cuanto a los criterios técnicos para la gestión de proyectos en todo su ciclo, aportando efectividad y calidad a la cooperación, evitando la dispersión en normativas y procedimientos operativos, así como la burocracia administrativa que resulta de aplicar reglas de intervención que no están pensadas para actuaciones de cooperación al desarrollo. Así como la coordinación entre administraciones para mejorar la eficacia de la ayuda y la coherencia de políticas (se refiere a la coherencia de la propia política para el desarrollo que sea congruente con las políticas económicas de las administraciones: por ejemplo entre sus instrumentos financieros -banca ética- o de comercio internacional -comercio justo-).

En Aragón, se están trasladando con absoluta disciplina las directrices de la política del Gobierno Central en todos los ámbitos.

A todo ello hay que sumar la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contiene el mayor ajuste de la democracia, un monumental tajo a nuestras capacidades productivas y a nuestro Estado de Bienestar, de consecuencias fatales.

¿Y qué pasa con los servicios a los ciudadanos?. El presupuesto para fomento del empleo baja un 34,6%, el destinado a desempleo baja un 6,3%, el de Sanidad es -3,1%, el de Educación -14,4%, el de Cultura -19,6% (los recortes en Sanidad y Educación son de 13.000 millones de euros, el dinero entregado por FROB a BANKIA, NOVAGALICIA BANCO Y CATALUNYA CAIXA es de 11.060 millones), bajan un 27,1% las subvenciones al transporte, se reduce un 13,5% el dinero destinado a infraestructuras…

En el capítulo de coberturas al desempleo bajan un 1,8% los recursos de prestaciones contributivas, las cuotas de prestaciones contributivas bajan un -7,5%; en el nivel asistencial, bajan un 9,4% los recursos para el subsidio de desempleo, y -27,4% los de la renta activa de inserción.

Una de las pocas partidas presupuestarias que crece en términos nominales es la destinada a las pensiones, un 1%, lo que el Gobierno ha convertido en uno de sus mensajes centrales. Sin embargo, los pensionistas perderán poder adquisitivo en 2013. Primero porque las subidas de impuestos, como el IVA, y de los precios de servicios básicos (como la electricidad) unidas a medidas como el repago sanitario, superarán con mucho ese reducido incremento del 1%. Y en segundo lugar, todo apunta a que el Gobierno no va a compensar a los pensionistas de la desviación de los precios en 2012, tal y como mandata la Ley de Seguridad Social, lo que supone un impacto por sí solo mucho mayor (podría alcanzar los 5.000 millones de euros) que la raquítica subida decidida para el próximo año.

No es de extrañar, en absoluto, que los datos oficiales del INE señalen ya que más del 21% de la población española esté por debajo del umbral del riesgo de pobreza; la renta de las familias cayó a niveles de 2006, casi 13 de cada 100 familias tienen serios problemas para llegar a fin de mes, y 40 de cada cien no pueden afrontar gastos imprevistos.

Más aún: La remuneración de los asalariados se hundió un -0,8% en 2011, el último dato de este año 2012 sitúa ya el desplome de los salarios en -3,9%.

 

Por qué la Cumbre Social Aragonesa apoya la HG.

Las organizaciones integrantes de la Cumbre Social Aragonesa consideramos que el recorte de derechos (civiles, sociales, económicos, políticos, sanitarios, educativos, culturales, de igualdad entre mujeres y hombres, de autonomía de las personas, etc.) merece una respuesta general y contundente.

Por esta razón, la Cumbre Social Aragonesarespalda la convocatoria de Huelga General realizada por las organizaciones sindicales para exigir al Gobierno de España un cambio radical en sus políticas, incentivar la actividad económica y la creación de empleo, la restitución de los derechos laborales eliminados por la reforma laboral, poner fin a la mercantilización de la educación retirando su contrarreforma educativa, restituir los servicios y prestaciones públicas, y realizar una reforma fiscal basada en la equidad y la suficiencia que permita al Estado disponer de los recursos necesarios para financiar las políticas públicas.

Este conflicto no es solo laboral. El desmantelamiento del Estado de bienestar perjudica a toda la sociedad (sólo se salvan, e incluso medran con la crisis, las élites económico-financieras) y toda la sociedad está llamada a la movilización. Desde los trabajadores y trabajadoras del sector público (desvalijados de remuneraciones y derechos) hasta los trabajadores, profesionales y trabajadoras/es autónomos del sector agrario, que conforman un modelo social de agricultura, vital para garantizar la sostenibilidad alimentaria y del medio rural, y que está siendo desmantelado como consecuencia de los recortes indiscriminados y la aplicación de políticas favorecedoras de los mercados especulativos.

PROPUESTAS

Ante el déficit democrático – CONSULTA POPULAR. CAMPAÑA PROREFERENDUM

En las elecciones generales de 2011 nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, la individualización de las relaciones laborales, el cambio de modelo educativo, el repago sanitario, la reducción de prestaciones sanitarias, la desaparición del derecho universal a la protección de la salud, el desmantelamiento de los servicios sociales, la subida de impuestos, la reducción de salario, o la pérdida de empleo en las administraciones y empresas públicas, ni sobre la reducción de las prestaciones por desempleo…

Esos son los motivos por los que muchos votantes se sienten estafados. Y demandamos la convocatoria de una consulta popular. La Cumbre Social Aragonesa ya ha iniciado la campaña proreferendum, y presentado la Comisión Promotora de la misma, con personas pertenecientes al ámbito de la educación, de la cultura, jurídico, etc. Es imprescindible la regeneración de nuestros sistemas democráticos, en España pasa por exigir al Gobierno que someta a consulta de la ciudadanía las política que están aplicando y que no figuraban en su programa electoral.

Por una salida social a la crisis: por otras políticas en el marco del E. de B.
Reivindicamos otra política que fije como prioridad a las personas.

  • Que restablezca las políticas sociales: La sanidad, la educación, la protección social, los servicios públicos deben ser garantizados con calidad y con inversión, sirviendo para crear empleo y dinamizar la economía.
  • Exigimos la reversibilidad de la reforma laboral (no hay que olvidar que en sede parlamentaria sigue vive la ILP por un empleo con derechos).
  • Justicia fiscal- Control del fraude, impuesto a las transacciones financieras. Quien más tenga que más pague.
  • Dación en pago de la vivienda hipotecada. Primero las personas, no los bancos.
  • Contemplar el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo de ciudadanía.
  • Control de precios de productos básicos.
  • Abordar la degradación del sector cultural y la pérdida de programas y redes culturales y evitar en lo posible las constantes pérdidas de empleo y la preocupante desaparición de PYMES culturales y autónomos.
  • Gestión pública de los servicios básicos

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Las razones

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