EXIGIMOS UN REFERÉNDUM

PORQUE QUEREMOS QUE LA CIUDADANÍA SE PRONUNCIE

Las entidades que conformamos la Cumbre Social Aragonesa queremos hablar de Democracia, de una Democracia que- tal y como reza su etimología-sea el “gobierno del pueblo”. En la actualidad asistimos a un proceso en el cual la democracia se vacía de su esencia, convirtiéndose en un mero trámite que no implica a la ciudadanía, ni en el debate, ni en la participación, ni en la toma de decisiones.

No cuestionamos la legitimidad del gobierno del PP, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.

En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la costatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que algunos representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.

Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

El gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre los que figura la atención a la dependencia, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y pérdida de empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo…

Nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno  que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

CUMBRE SOCIAL ARAGONESA

Zaragoza, 26 de Octubre de 2012

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Joaquín Aparicio | Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha

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