Joaquín Aparicio | Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha

Sin derechos no hay democracia. Tampoco hay democracia cuando se violentan las formas y procedimientos marcados en la Constitución para la adopción de las leyes, así como cuando se altera la relación entre representante y representado hasta degradar a este último a la vieja condición de súbdito. En las democracias  representativas la perversión del principio democrático se acentúa cuando el representante utiliza los diversos mecanismos que el sistema le ofrece para actuar al margen del representado.  Una de de las peores corrupciones es la conversión de las elecciones en un instrumento de selección de los gobernantes con la mediación del dinero que controla la propaganda y los medios de formación de la opinión. Una vez celebrada la elección la degradación de la democracia está servida cuando el gobernante elegido se siente investido del poder de actuar al margen de cualquier compromiso con los electores para satisfacer a la oligarquía que detenta el poder económico y tanto tuvo que ver en su elección. El Estado Social y Democrático de Derecho, propio de las sociedades europeas de la segunda postguerra mundial y proclamado en nuestra Constitución con la forma política en que España se constituye, es un modo de mejorar las deficiencias de las democracias liberales oligárquicas mediante el reconocimiento de los derechos sociales y la orientación de toda la actividad de los poderes públicos a los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En esta forma de Estado los sindicatos son piezas esenciales de la estructura constitucional y la concertación social un medio eficaz de mejorar las limitaciones de la representación política.  Si la vida democrática fuera sana, recordar estas evidencias sería un mero ejercicio de pedagogía académica, que nunca está de más, pero cuando insistir en lo evidente se ha convertido en una apremiante necesidad en la vida pública, es señal de la preocupante degradación de los valores democráticos que se está produciendo en España ( y en Europa) en estos momentos.

El PP obtuvo en las elecciones de 2011 el respaldo de aproximadamente 10.500.000 electores (una importante cantidad pero minoría del censo) que le permitieron, merced a la ley electoral, obtener una holgada mayoría absoluta. En contraste, el PSOE en las anteriores elecciones obtuvo algo más de 11.000.000 de votos y no obtuvo esa mayoría. En el 2011 los electores castigaron a este último partido, que se había embarcado en una política de recortes de derechos sociales y de sometimiento a los poderes económicos, cuyo ejemplo final fue la artera reforma de la Constitución, pactada con el PP. Es bien conocido que el programa que el PP presentó a los electores en su campaña excluía el recorte de derechos, sin embargo, una vez instalado en el poder político, de inmediato despreció la concertación social y ha llevado a cabo el más brutal recorte de derechos sociales que se haya hecho desde la promulgación de la Constitución, con la consecuencia de que está aumentando enormemente el desempleo, la desigualdad  ha llegado en España a ser una de las más altas de la UE (34 puntos del índice Gini), y la pobreza y la miseria ya afectan a una gran parte de la población. Esas medidas, además, se están adoptando con un desprecio a las formas más elementales del funcionamiento parlamentario, que, no hay que olvidar, es el medio en el que deberían expresarse los representantes del titular de la soberanía: el pueblo. La justificación del Gobierno del PP es que esos recortes se hacen porque no hay otra alternativa posible a la crisis  y, como única solución, es la que también exigen “los mercados” y los organismos supranacionales e internacionales. Pero esa justificación es falsa y antidemocrática, como cada día que pasa se puede apreciar con más claridad. En 2007 España tenía una deuda pública en torno al 37 por ciento del PIB, una de las más bajas de la UE,  y, en lugar de déficit, presentaba un superávit del 1,5 del PIB, pero la deuda privada era (y es) enorme. En la actualidad la deuda pública ronda el 80 por ciento del PIB y sigue subiendo, con unos intereses altísimos cuyo pago acaba en las manos de empresas financieras y socava los recursos que deberían estar destinados, por ejemplo, a educación y sanidad. Lo que está haciendo el Gobierno es simplemente convertir la enorme deuda privada de los bancos y las empresas (las familias ya la están pagando o les están desahuciando) en deuda pública. Es decir, el pueblo debe pagar las consecuencias de las insensatas y egoístas decisiones económicas que la oligarquía española y no española (los bancos alemanes y franceses también están detrás de todo esto) adoptaron aprovechando la ausencia de regulaciones y controles públicos, que previamente habían conseguido imponer como dogma universal. No es cierto que “la economía”, como si fuera un designio de la naturaleza frente al que nada se puede hacer, se imponga a la política, no, se trata de una decisión política que utiliza argumentos extraídos de una concreta narración económica para hacer prevalecer los intereses de la clase social que conforma la oligarquía financiera. Lo que está ocurriendo se ajusta con toda exactitud a lo que Marx y Engels dijeron en 1848 cuando calificaban al poder público como el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.

Pero, llegados a este punto, cabe preguntarse por el valor y la esencia de la democracia. Si se cree que la democracia es la mejor manera de organizar la convivencia, entonces no cabe duda de que hay que repudiar la degradación de las formas y los contenidos (los derechos) que se está produciendo. Es hora de hacer otra política y de que el Gobierno, si quiere tener algo de legitimación democrática, deje de ser ese Consejo de Administración de la oligarquía y convoque directamente al pueblo para que se pronuncie sobre aspectos tan esenciales para su bienestar como es la política de recortes de derechos que está sufriendo, que, sin duda, tiene “la especial transcendencia” que pide el art. 92 de la Constitución para ser sometida a referéndum consultivo, que debería ser vinculante.

Es bien sabido que nuestra Constitución tiene una fuerte impronta autoritaria al no admitir (como la Constitución italiana, por ejemplo) consultas directas a la ciudadanía en forma de referéndum que puedan incluso derogar leyes aprobadas por las Cortes. Tampoco las élites dirigentes de la Unión Europea aceptan de buen grado la llamada a las urnas del pueblo para que se pronuncie sobre asuntos concretos que le afectan. Parece que quedaron escarmentadas con los rechazos populares en Francia y Holanda a la llamada Constitución europea, pero el caso más escandaloso fue su violenta reacción ante el intento del Gobierno griego de Papandreu de llamar al pueblo a referéndum para que se pronunciase sobre las exigencias del rescate. Tan violenta que impidieron el referéndum y provocaron la dimisión de aquel gobierno para imponer uno “tecnocrático”. Sin embargo, ante el grave deterioro de la convivencia civilizada que se está produciendo en España no cabe si no reaccionar con la convocatoria de un referéndum, pues el gran riesgo es que de esta crisis se acabe saliendo dentro de muchos años (como dice el refrán “no hay mal que cien años dure”)  pero con mucha más pobreza, más desigualdad, menos libertad y, por ende, con menos democracia.

Publicado en nuevatribuna.es

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